Pena de Muerte

Publicado en 1 de febrero de 2003 | por BREL1

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Éxito contra la pena de muerte

Rubie Mariela Alicea-Martínez

El pasado 11 de enero el gobernador de Illinois, George Ryan, conmutó todas las sentencias de muerte pendientes en el estado reduciéndolas a sentencias de por vida o menores. Este ha sido el perdón colectivo de penas de muerte más grande en la historia. El gobernador Ryan, quien es republicano, libró de la muerte a de unas 163 personas.

«Lo que hemos visto al revisar uno y cada uno de estos casos levanta dudas no sólo sobre la inocencia de las personas en pena de muerte, sino sobre la justeza del mismo sistema de pena de muerte en su totalidad», expresó Ryan. «La Legislatura no podría reformarla, los que hicieron la ley no la van a revocar, y yo no voy a sacar la cara por ella – yo tengo que actuar. Porque nuestro estudio de tres años sólo ha encontrado más cuestionamientos sobre la justeza del sentenciamiento, porque hemos visto la justicia dilatarse para innumerables condenado a pena de muerte con reclamos potencialmente meritorios, porque el sistema de pena de muerte de Illinois es arbitrario y caprichoso – y por lo tanto inmoral» «…es errático, injusto e incapaz de separar al inocente del culpable, y muchas veces racista.»… «malos abogados, malos fiscales, malos policías, malos jueces…¿Cómo podemos tener un sistema como este y decir que funciona? No funciona.»
Ryan reiteró que la lucha contra la pena de muerte » es una de las grandes luchas por los derechos civiles de nuestros tiempos.»
Dos días antes de anunciar las conmutaciones, el gobernador también había perdonado las sentencias de 4 sentenciados a muertes cuyas confesiones se habían logrado a través de largos y dolorosos procesos de tortura por parte de la policía de Chicago.
Ryan escogió la Universidad de Northwestern en Illinois porque fueron los estudiantes de periodismo de esa universidad quienes desde hace algunos años han realizado investigaciones independientes pudiendo constatar la inocencia de muchos de los condenados a muerte y logrando la exoneración de estos a través de pruebas de ADN.
Ryan había detenido todas las ejecuciones en el estado de Illinois en una moratoria general desde hacía casi tres años, cuando, gracias a las investigaciones de estos estudiantes y a la constante denuncia, organización y movilización de diferentes comités en contra de la pena de muerte, los tribunales encontraron que 13 de los condenados a muerte en ese estado desde que se había reinstaurado la pena capital en 1977 habían sido condenados equivocadamente. Durante este período otros 12 acusados fueron ejecutados sin la gracia de que estas investigaciones se realizaran antes, y que con toda probabilidad compartían el terrible margen de error.
Al llegar a la gobernación hace apenas cuatro años Ryan era un propulsor de la pena de muerte. Este ha confesado que su apoyo a tal práctica comenzó a cambiar luego de ver cómo un hombre inocente fue dejado en libertad a penas 48 horas antes de su ejecución al evidenciarse que se trataba de un error. La constante denuncia de los comités en contra de la pena de muerte han sido clave en que los políticos de Illinois tomen bando y se expresen públicamente en contra de la pena de muerte constatando sus injusticias.
Illinois es uno de 38 estados de la nación norteamericana donde existe la pena de muerte. El gobierno federal también ha reinstaurado este castigo inhumano y medieval.
Esta conmutación en masa ha sido el golpe más duro a la pena de muerte desde que en 1972 el Tribunal Supremo de Estados Unidos declarara que esta práctica es inconstitucional y se forzó a los estados durante ese año a reescribir sus leyes y se redujo 600 penas capitales a cadenas perpetuas.
Desde que en 1976 se reinstauró la pena capital en EE.UU. hasta el final de 2002, se han ejecutado 820 personas. De éstas 71 fueron ejecutadas el pasado año. Al día de hoy hay más de 3,700 hombres, mujeres y jóvenes bajo sentencias de muerte en EE.UU.
EE.UU. es la única llamada democracia occidental donde todavía existe la pena de muerte. Este castigo cruel ha sido abolido por sus más cercanos vecinos y aliados, quienes frecuentemente denuncian esta horrible práctica de EE.UU.
El éxito que han logrado los opositores a la pena de muerte en Illinois es histórico. Es el agente catalítico para que los comités organizados en otros estados se apoyen en esta decisión para forzar a los políticos estatales a detener la pena capital en cada uno de los estados y en cada uno de los rincones donde existe esta práctica barbárica.
La comisión que revisó la implementación de la pena de muerte en Illinois encontró que los pobres estaban en desventaja, que demasiados crímenes podían terminar siendo castigados con la pena capital y evidenció que el abuso policial y de informantes internos en las cárceles muchas veces jugaban un rol importante en las convicciones.
El senador demócrata de Wisconsin, Russ Feingold se ha unido a un llamado nacional para una revisión de la implantación de la pena capital y también ha pedido una moratoria en todos los casos pendientes.
Aunque el estado de Maryland no ha llegado tan lejos como para dejar sin efecto las sentencias de pena capital, este también ordenó una moratoria en todos los casos hasta que finalice un estudio que se ordenó sobre la implantación de la pena de muerte en ese estado. Los resultados que ha arrojado el estudio del estado de Maryland evidencian una vez más y mediante sus propios medios lo que los abolicionistas de la pena de muerte hemos estado denunciando por años:
– que el sistema de pena de muerte de ese estado está maculado con inclinaciones de razones raciales – la raza juega un papel importante
– que la geografía juega un papel importante en cuanto a quién se sentencia con pena de muerte
– que los acusados están más expuestos a ser sentenciados con pena de muerte si han matado una persona blanca
– que aunque su población negra sólo se compone de un 28 %, 67% de las personas que enfrentan la pena capital son negras y el 100% de estas sentencias de muerte envuelven víctimas blancas
– que cuando son considerados la raza de los acusados y de las víctimas, los negros acusados de matar víctimas blancas están más expuestos a recibir una sentencia de muerte que cualquier otra de las combinaciones raciales
– que irregularidades de connotaciones raciales ocurren durante las primeras etapas de la investigación y no se corrigen en las etapas posteriores, lo que lleva a que el defecto persista hasta la convicción
En un estudio realizado en Washington el pasado mes de agosto, por el Justice Policy Institude reveló que Estados Unidos prefiere llenar las cárceles antes de llenar las escuelas. Para finales de 2001 uno de cada 32 adultos en Estados Unidos – con una población de 6.6 millones de habitantes – estaba detrás de las rejas, en probatoria o bajo fianza. Según este estudio, entre 1985 y el 2000 el aumento en gastos para cárceles casi duplicó el aumento en el dinero que se designa a la educación superior. Para los hombres de raza negra los resultados de los estudios son aún más alarmantes. Los hombres afro-americanos están más expuestos a ir a la cárcel que a la universidad. Entre 1980 al 2000, el número de hombres negros que fueron a la cárcel creció tres veces más rápido que el número que lograba entrar a universidades o colegios técnicos. La pena de muerte no puede ser vista fuera de este contexto. Es momento de mirar al sistema de justicia criminal por completo. Evidentemente un sistema que prefiere llenar las cárceles de jóvenes antes que invertir en educación es un sistema corrompido y enfermo.
No podemos dejar de mencionar que la campaña contra la ejecución de Mumía Abu-Jamal también ha tenido un gran impacto en denunciar las injusticias del sistema de pena de muerte a través de Estados Unidos. Mumía es un periodista disidente político negro que en su juventud fue parte de los Black Panthers for Self Defense y luego integró en movimiento de liberación negra MOVE. Este fue acusado injustamente de la ejecución de un policía en Philadelphia. Se encontró que la bala que mató al policía no era del mismo calibre que la de Mumía. Mumía recibió una paliza de la policía por más de 40 minutos. Sus derechos fueron violados en todos las etapas del caso al punto que hasta se le negó el derecho a auto-representarse en el caso y le impusieron un abogado blanco racista que hasta se refirió Mumía – su propio cliente -como «nigger» en varias ocasiones durante las vistas, y en instancias se quedó dormido. Mumía fue sentenciado en 1984 con pena de muerte, pero gracias a una exitosa campaña internacional, las irregularidades crasas de su caso han sido expuestas y aún el estado no se ha atrevido a ejecutarlo por toda la presión internacional en su contra.
En Puerto Rico, aunque la Constitución prohíbe explícitamente el uso de la pena de muerte como castigo, en el 2001 el Primer Circuito de Apelaciones de Boston determinó que bajo las leyes federales la pena capital se hace extensiva a Puerto Rico en casos federales debido a que las leyes federales prevalecen ante las estatales. Esto sin reconocer que Puerto Rico es una colonia y no podemos votar por las personas que crean las leyes federales que nos son impuestas.
Apenas el pasado 20 de junio de 2002 el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió finalmente en el caso Atkins v. Virginia que es inconstitucional que el Estado ejecute personas con retardación mental, declarándolo un castigo cruel e inusitado. Esta decisión tampoco fue una inspiración divina del Tribunal Supremos Federal, sino que se da luego de una denuncia internacional por tal abominable práctica. Fue hasta apenas junio pasado que se enviaban víctimas con retardación mental al paredón de la muerte, en vez de hospitales. Incluso el ex presidente demócrata Bill Clinton firmó el permiso y presenció la muerte de una persona retardada al llegar a la gobernación para demostrarle a los republicanos que el también estaba comprometido a tener mano dura con los criminales.
Atrocidades como estas para las víctimas ejecutadas ya no tienen remedio. Sin embargo, no tienen porqué ser repetidas. Los éxitos logrados en Illinois y en Maryland son un gran paso a detener la maquinaria de muerte que condena desigualmente a los ricos y a los pobres, a los blancos y a los negros, a los conformes con el gobierno y a los que levantan la voz para criticarlo. Lo que han encontrado los propios estudios que han financiado los gobiernos no han podido más que reflejar las injusticias que venimos denunciando por años. La pena de muerte es racista, la pena de muerte es para los pobres y la pena de muerte es para los disidentes. No podemos quedarnos callados. Es el momento de celebrar, dar a conocer y expandir el logro de los compañeros organizados en Illinois que han forzado a los políticos a no quedarse de brazos cruzados ante las pretensiones del gobierno federal. Tenemos que unirnos a exigir una moratoria en todos los estados donde aún hay seres humanos contando día a día los días que les faltan para ser ejecutados y tenemos que organizarnos para demandar abolición de la pena de muerte de una vez y por todas.

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