La dictadura de la Junta de Control Fiscal y la corrupción

| Publicado el 31 julio 2019

Por Yolanda Rivera

Wall Street le ha declarado la guerra a la clase trabajadora puertorriqueña

El Wall Street Journal y el Washington Post piden más poderes, poderes absolutos, para la Junta de Control Fiscal. José Carrión, tres palitos, será nuestro próximo dictador, nuestro próximo Francisco Franco. Están espantados con las protestas de los últimos días y quieren mano dura contra la clase trabajadora.

Los republicanos quieren más poderes para la Junta y los demócratas van a apoyarlos, según informa Eric London, del World Socialist Website. Los republicanos planean presentar legislación para que la Junta de Control fiscal gobierne de facto a la isla. El demócrata Raúl Grijalva, supuesto aliado de Puerto Rico, quien dirige el Comité de Recursos Naturales, dijo que no puede asegurar que los demócratas se vayan a oponer a esta legislación. Las protestas continuas contra Ricky Roselló y Wanda Vázquez han disparado reacciones de la derecha y los supuestos liberales estadounidenses. Nuestro pueblo se levantó contra el gobernador para pedir su renuncia y ellos tiemblan. Es el primer territorio de los Estados Unidos en el que renuncia un gobernador por un levantamiento popular. Esto les causa pánico.

Los aliados de Washington en la isla, como Jennifer González, la Comisionada Residente, han propuesto control federal de todos los fondos de recuperación. Jennifer González es la mejor aliada del gobierno de Washington para imponer la dictadura. El gobierno penepé ha sido aliado de los republicanos que nos impiden recibir fondos para la recuperación tras María y de la Junta desde el principio; pero ahora el gobierno gringo no quiere darles ni un poquito de poder porque tienen miedo de que la gente siga protestando.

La Junta y la dictadura

Desde un principio, la Junta de Control Fiscal quiso tomar por asalto el gobierno de Puerto Rico. En esta tarea, los ha apoyado la Jueza Taylor Swain. Aún cuando el gobierno colonial no sea verdaderamente democrático y trabaje para los bonistas, es cierto que al gobierno local le preocupan las elecciones. A la Junta, la opinión de los puertorriqueños y las elecciones le importan un pepino. De hecho, David Skeel, miembro de la Junta de Control fiscal, pidió en 2016 que se destruyera el gobierno local en Detroit para que una junta que habían impuesto allí se convirtiera en el único gobierno. Decía que la dictadura era la única forma de lograr la estabilidad fiscal. Los aires de dictadores se respiran entre los miembros de la Junta desde el principio. Nadie puede tocarlos, tienen la policía de su lado, quieren un país sin derechos y tienen derecho a usar el dinero como les dé la gana sin darle cuentas a nadie. 

Los miembros de la Junta hacen lo que les da la gana y están protegidos

Ya en el 2016, la ley Promesa, creada por Washington bajo Obama, le daba inmunidad a los miembros de la Junta en casos de demandas. En otras palabras, pueden hacer lo que quieran bajo Promesa sin ninguna consecuencia legal.

Desde su inicio, la Junta se opuso a la auditoría de la deuda. García, miembro de la Junta y previo director del Banco Gubernamental de Fomento, caería en desgracia si se descubren las movidas que hizo en esta agencia. Ha sido miembro de la dirección del Banco Santander, que tiene 62,000 millones de los bonos de Puerto Rico, y de Bay Boston Managers, algunos de los responsables del endeudamiento del país.

Usan consistentemente a la policía para evitar las protestas a sus reuniones

A costa de fondos públicos, tienen escolta y protección en sus reuniones. Ahora sólo tienen reuniones fuera de Puerto Rico por el amplio repudio del que gozan entre la población. El gobierno le provee protección policiaca a costa nuestra. A Jaresco se le ha visto comprando con su escolta. Despilfarro de fondos públicos sin límite.

Controlan las leyes del país

Ya el 27 de marzo de 2017, la Junta le advertía al gobierno de Roselló que ellos tenían que dar su aprobación a las leyes que se aprobaran en el país. José Carrión le exigió al gobernador que le enviara copia de todas las leyes aprobadas por el gobierno de Puerto Rico. La Junta puede rechazar cualquier ley que consideren está contra lo que pide el Plan Fiscal. Cuando el gobierno no está de acuerdo, tiene que meterse en lucha legales muy costosas. ¿Cómo es posible que les paguemos todo y luego tengamos que pagar abogados cuando no aceptamos sus imposiciones? Esto es como darle dinero a alguien para todos sus gastos, y luego tener que pagarle a un abogado para defendernos cuando no queremos que esa persona nos diga qué podemos o no hacer.

Entre las leyes que han querido eliminar, es famoso el caso de la Ley 80, que permite al empleado defenderse de un despido injusto. A nadie le hizo sentido que interfirieran con una ley que no afecta las finanzas del país, sino que trata de mantener derechos básicos de los trabajadores. La Junta de Control Fiscal es un organismo antiobrero. Han impulsado, junto al gobierno de Roselló, la eliminación de leyes laborales, la disminución del salario mínimo, la reducción de las pensiones a nuestros jubilados, la destrucción de la educación pública y de la Universidad de Puerto Rico.

Viven del pueblo sin hacer nada y la Junta es cómplice de la corrupción

En marzo del 2017, el gobernador y Jennifer González protestaron el salario exorbitante de Natalie Jaresco, quien gana $625,000 anuales del dinero del gobierno de Puerto Rico. Lo hicieron como buenos oportunistas, ya que sólo les preocupaba el descontento de la gente ante los nombramientos con sueldos exorbitantes que el gobierno también hizo. Carrión dijo que Jaresco se lo merecía porque era una profesional de «clase mundial». Lo irónico es que esta «profesional de clase mundial» no conseguía trabajo antes de que tres palitos la defendiera. A Jaresco le pagamos viajes mensuales a Ucrania, como si esto tuviera algo que ver con su trabajo.

Ni Jaresco ni el encargado de presentar proyectos de desarrollo (Noel Zamot), quien se ganó $350,000 sin hacer un pepino, han iniciado proyectos para el crecimiento económico de Puerto Rico. Solamente han impuesto recortes y más recortes sin ningún ingreso nuevo.

La Junta ni siquiera fiscaliza. Para julio de 2018, la Junta había evaluado solamente un contrato. Piensen que todo el desastre de corrupción del gobierno pasó cuando ya la Junta estaba en funciones. Los 15 millones de dólares que se robaron en el Departamento de Educación bajo Julia Keleher, desaparecieron cuando la Junta debía estar fiscalizando contratos. En julio de 2018, informaba Noticel, que la Junta no hizo nada con el contrato de Whitefish, ni dijo nada cuando se presentaron los contratos dudosos por $1399 millones de ASES, silencio total con los contratos de $832 millones del Departamento de Vivienda y los $230 millones del Departamento de Transportación y Obras Públicas, y se quedó calladita con los $2,000 millones en contratos de Cobra Acquisitions y MasTec. La Junta es cómplice de la corrupción en el gobierno de Roselló.

Se niegan a escuchar

La Junta se ha reunido con estudiantes, jubilados, profesores, pero no los escuchan. Después de las reuniones, dicen que ellos no tienen «diferencias filosóficas». Ni Carrión ni ninguno de ellos tiene pinta de filósofo, sino más bien de ineptos. No han logrado ningún proyecto nuevo, ni han logrado acuerdos sostenibles, que no nos lleven al abismo. Esto mediocres de clase mundial quieren ahora ser dictadores.

Todos los casos de corrupción bajo el gobierno de Roselló ocurrieron bajo las narices de la Junta de Control Fiscal. ¿Para qué están aquí entonces? Solamente para pagarles a los bonistas. Son los primeros que viraron la cara cuando la corrupción estaba rampante bajo el gobierno de Roselló. Bajo la Junta, no solo tendremos una dictadura absoluta, sino aún más corrupción.


A la Junta y sus aliados en Washington les decimos que no se salvarán de la ira del pueblo trabajador si imponen su dictadura. Si quieren revolución, revolución tendrán. Los últimos acontecimientos en Puerto Rico indican un camino distinto para demostrar nuestro descontento. La dictadura de Washington y los bonistas, a través de la Junta, sólo le echará más gasolina a la lucha.

Un comentario en "La dictadura de la Junta de Control Fiscal y la corrupción"

  • Compañeros de Bandera Roja:soy Roberto Gellert del Partido Obrero de Argentina.He leído el material escrito por ustedes respecto a la rebelión popular en Puerto Rico.Nuestro partido está interesado en conocer más profundamente vuestras posiciones y al mismo tiempo enviarles las nuestras en relación al proceso abierto en Puerto Rico, cuyo desenlace verdaderamente progresivo consiste en la expulsión del imperialismo, está ligado a la lucha por los Estados Unidos socialistas de América Latina y un gobierno de trabajadores en Puerto Rico.Si ustedes lo aceptan, podríamos sostener una correspondencia y un intercambio de artículos sobre la situación de Puerto Rico y América Latina.Les dejo en el casillero correspondiente mi mail.
    ROBERTO GELLERT

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