La doctrina del trauma

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| Publicado el 20 febrero 2018

Roberto Barreto

Colaboración

En Puerto Rico hay una crisis humanitaria, aunque el gobierno insista en que la emergencia pasó y la recuperación va viento en popa. Más de mil personas han muerto y continúan muriendo personas enfermas y envejecientes por falta de servicio eléctrico pero se desconoce la cantidad precisa porque el gobierno ha ocultado las cifras reales. La cantidad de suicidios después de los huracanes va en aumento. Hay una epidemia de influenza pero el gobierno lo niega. Los bancos se preparan para ejecutar miles de propiedades (foreclosures) de familias que no han podido pagar sus hipotecas. FEMA le ha negado ayuda a miles de personas, tanto como el 62 por ciento de las solicitudes han sido denegadas o no han sido procesadas.

A principios de febrero más de un millón de personas, el 30 por ciento de la población de Puerto Rico, se encontraba sin servicio eléctrico desde el paso de los huracanes Irma y María. Cientos de negocios permanecen cerrados, muchos ya han anunciado que no reabrirán. El costo de la vida se ha disparado mientras la tasa de inflación duplica la tasa de Estados Unidos. Miles de personas han perdido sus empleos y miles más han emigrado principalmente a la Florida. Se proyecta que para el año 2022 uno de cada cinco puertorriqueños habrá emigrado a los Estados Unidos.

El manejo de la emergencia ha sido pésimo. La Federal Emergency Management Agency (FEMA, por sus siglas en inglés) ha demostrado ser un fracaso. En la etapa inicial y más crítica de la emergencia fue incapaz de llevar agua y comida a las víctimas del huracán María porque dependía de los gobiernos municipales para ello. Muchos gobiernos municipales quedaron destruidos e inoperantes por el paso del huracán. FEMA les indicó a los gobiernos municipales que podían ir a recoger alimentos y agua a sus almacenes, sin saber si los municipios contaban con camiones o combustible. Pasaron semanas antes de que el ejército tomara esas funciones.

El director local de FEMA, Alejandro de La Campa lo explicó de esta manera al diario El Nuevo Día:

“Sí, FEMA no estaba preparada para ser first responder. Para eso, están los municipios y el gobierno estatal. Nosotros nos preparamos para apoyar al gobierno estatal y al municipal en el momento que nosotros tuvimos que usar el Ejército para que distribuyera comida casa por casa, calle por calle… eso significa que los first responders fuimos nosotros”, dijo.

Ahora FEMA le está negando ayuda a miles de personas que perdieron sus hogares. El problema es que FEMA no comprende la realidad social de Puerto Rico. Cientos de comunidades en la isla son producto de “invasiones” de terrenos (también conocidas como “rescates de terrenos” según el punto de vista). El gobierno reconoce estas comunidades y les provee servicio eléctrico, de agua y telefonía a pesar de que carezcan de títulos de propiedad. Tanto como el 20 por ciento de las residencias en Puerto Rico, algunas 260,000, carecen de título por ser producto de ocupaciones ilegales.

A esto hay que sumar miles más producto de herencias en vida o en muerte dadas de padres a hijos en la cual una finca se divide entre los hermanos sin que medie segregación del terreno ni inscripción en el registro de la propiedad. Entonces cada cual construye su casita. En Puerto Rico estas herencias son tradicionales, pero FEMA no lo entiende. Yamilka Schumacker Robles describe el momento exacto en que sus padres deciden emigrar de Puerto Rico de la siguiente manera:

“¿Saben qué momento exacto es ese? Cuando no le dan opciones al pueblo para salir de la crisis. Cuando las ayudas siguen en los muelles y no llegan a los más necesitados. Cuando los comedores de las escuelas solo tienen cerdo enlatado. Cuando aún sin servicio, te cobran un “estimado” de agua y luz. ¿Luz? ¡Que broma pesada! Ese es el momento. Para este par de corazones rotos, el momento fue cuando, a pesar de vivir 30 años en esa casita, de haber criado a cuatro hijos y dos nietos e incontables perros, gallinas, pavos, gansos, caballos y conejos, el frío gobierno decide que eso no importa porque no hay un papel que diga que ese pedazo de tierra les pertenece.”

La respuesta a la emergencia por parte del gobierno estatal fue y ha sido desastrosa. En lugar de pedir ayuda a la American Public Power Association (APPA) que tiene un protocolo de ayuda mutua para casos de emergencia, el gobierno contrató a una pequeña compañía de Whitefish, Montana para reparar la red eléctrica. La compañía subcontrató a tarifas infladas a otras compañías que enviaron a su personal a Puerto Rico pero que no realizaron trabajos de reparación debido a que no había materiales y piezas para realizar los trabajos. Se perdieron millones de dólares sin resultado alguno. Se perdió un tiempo precioso. Eventualmente el gobierno tuvo que revertir su decisión y pedir ayuda a la APPA.

No fue sino hasta mediados de diciembre en que se estableció un plan coordinado por la APPA para realizar las reparaciones. Aun así, la lentitud en la llegada de materiales ha retrasado los trabajos durante todo el proceso. A finales de enero el Cuerpo de Ingenieros había recibido tan solo 15,524 postes de electricidad de un total de 40,232 postes ordenados. La incapacidad del gobierno para reparar la red eléctrica ha provocado que algunos municipios y grupos de vecinos tomen las reparaciones en sus manos.

Para muchas comunidades rurales las expectativas de recibir energía eléctrica son para mayo y junio y hasta julio. Ante esa realidad algunos municipios han contratado a trabajadores eléctricos retirados de la AEE para reconstruir sus redes eléctricas. En San Sebastián para finales de noviembre el 85 por ciento de las casas tenía servicio eléctrico gracias a la iniciativa municipal que se logró desafiando a la AEE que se opuso en todo momento. En Coamo un grupo de vecinos autogestionados colocó postes hasta el barrio El Progreso provocando exitosamente que las brigadas de trabajadores eléctricos comenzaran a tirar el cableado eléctrico ya, en lugar de tener que esperar al verano.

En medio de tanta devastación, el gobernador, Ricardo Roselló, ha aprovechado la oportunidad para anunciar la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Por años empresarios y políticos han soñado con lucrarse apropiándose de la compañía eléctrica estatal. Ahora —en medio de la crisis— han visto la oportunidad de justificar su avaricia. Proponen la privatización como la solución a la crisis que ellos mismos han creado y de la cual no saben cómo escapar.

Con los huracanes Irma y María la crisis de Puerto Rico ha llegado a niveles catastróficos, pero la crisis no es nueva ni fue provocada por los huracanes. Por décadas el estado permitió el saqueo de las arcas públicas por medios legales e ilegales. Una combinación de exenciones contributivas para las empresas junto a una evasión contributiva ilícita por parte de los ricos de la cual el estado se hizo de la vista larga fue gradualmente minando los ingresos estatales. La concesión de contratos millonarios a cambio de contribuciones a los partidos políticos, así como la corrupción en los procesos de privatización de los servicios públicos agravaron aún más las finanzas gubernamentales. Según el gobierno perdía ingresos, tomaba más y más dinero prestado hasta acumular una deuda pública impagable de más de 72 billones de dólares.

A medida que la AEE fue perdiendo crédito en los mercados debido a su alto endeudamiento, tomó la decisión de recortar gastos de mantenimiento, posponer la modernización de infraestructura y suspender la compra de materiales de repuesto. Cuando los huracanes impactan encuentran un sistema decrépito y en decadencia. Ya en septiembre de 2016 el sistema colapsó por varios días dejando a toda la isla a oscuras.

Cuando se hizo evidente que la deuda era impagable, Puerto Rico perdió el crédito y cuando el gobierno intentó posponer el pago de la deuda, Washington tomó control directo de la situación. Para salvaguardar a los bonistas de Wall Street, el Congreso legisló el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016 (PROMESA) que impuso una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para implementar una severa austeridad que permita asegurar el pago de la deuda, aunque en Puerto Rico se viva una crisis humanitaria.

Desde 1952 Estados Unidos había mantenido que Puerto Rico no era una colonia porque disfrutaba de autonomía al ser un commonwealth o Estado Libre Asociado (ELA). Los críticos argumentamos que el ELA era un disfraz a la colonia pues el Congreso mantenía poderes plenos sobre Puerto Rico. Ahora con el nombramiento de la JSF, Washington ha tomado control directo de la administración colonial. Ha sido la JSF quien ha dado luz verde para la privatización de la AEE.

Sus reclamos de austeridad incluyen el cierre de 300 escuelas públicas adicionales a las 500 que ya han sido cerradas. La JSF quiere recortes de 450 millones para la Universidad de Puerto Rico.

El congresista Rob Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal, (comité congresional que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico – aparentemente Puerto Rico es un “recurso natural”) se manifestó preocupado de que la JSF no defienda adecuadamente los intereses de los bonistas. Bishop advirtió que: “Después de todo, el objetivo declarado de la Junta bajo Promesa es devolverle a Puerto Rico la responsabilidad fiscal y (el acceso a) los mercados de capital, y esto solo puede ocurrir si los planes fiscales respetan las prioridades legales y los gravámenes de los titulares de la deuda. Mi comité seguirá el desarrollo de estos planes atentamente para garantizar que la isla vuelva a tener estabilidad financiera”.

Básicamente la misma posición expresó el presidente Donald Trump en un tuit del 25 de septiembre pasado cuando escribió: “… Much of the island was destroyed, with billions of dollar… owed to Wall Street and the banks which, sadly, must be dealt with….” El mensaje desde Washington es claro, no importa el sufrimiento y el costo humano la deuda tiene prioridad, las reglas del capitalismo van primero, el pueblo de Puerto Rico tendrá que hacer todos los sacrificios que aseguren el pago de la deuda a los bonistas, porque en esta sociedad preservar los lujos y privilegios de los ricos es más importante que las necesidades básicas y los derechos humanos de los trabajadores y los pobres.

La periodista canadiense Naomi Klein, autora de The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (2007), visitó la isla el pasado mes de enero. Participó en un foro en la Universidad de Puerto Rico organizado por varias organizaciones de resistencia. Klein se expresó sobre la crisis: “Los puertorriqueños han estado viviendo la doctrina del shock por mucho tiempo, y creo que ha habido diferentes maneras, diferentes escenarios. Pero efectivamente, desde la crisis económica, y ha habido varias crisis económicas que han sido explotadas en Puerto Rico, pero hablando de la más reciente, y en especialmente desde PROMESA, tienes un ejemplo concreto donde se ha declarado un estado de excepción y de emergencia que se convierte en la excusa para echar a un lado cualquier pretensión de gobierno propio, a la que se suma esta agenda de privatización y austeridad que se empieza a introducir” Sobre la situación de la isla después de María dijo: “Es una forma diferente, tal vez no es la doctrina del shock, tal vez sea algo más. A lo mejor tenga que re escribir o escribir un nuevo capítulo que se llame la doctrina del trauma, porque no es shock, es el trauma lo que se ha estado explotando y eso es diferente y sorprendente”.