Durante el inicio del año escolar surgió que el presupuesto del Departamento de Educación de Puerto Rico sufriría nuevos recortes millonarios. Esto no es nuevo para nuestras comunidades escolares ya que dentro de las enseñanzas que han recibido en los últimos años se encuentra la de vivir con austeridad. Las medidas impuestas por el mal manejo de fondos se agudizaron por las imposiciones de las Junta de Supervisión Fiscal.
La ley 85-2018 permite el movimiento de millones de dólares de fondos públicos a entidades privadas a través de escuelas chárter y vales educativos. Luego de la aprobación de esta ley muchos planteles de escuelas de PR quedaron en el olvido y sin las debidas atenciones.
En los recortes al presupuesto podemos identificar que la privatización es enemiga de la educación pública, esto debido a que las zonas más afectadas son seguridad y mantenimiento que son áreas sumamente privatizadas. Aquí el DEPR simplemente disminuyó los fondos a compañías privadas y no asume ninguna responsabilidad sobre la empleomanía.
El magisterio puertorriqueño debe mirar con alerta y suspicacia estas acciones, porque las políticas neoliberales seguirán adentrándose en el gobierno y en algún momento pudieran llegar a los puestos docentes.
