Comunicados

Publicado en 17 de marzo de 2020 | por BREL5

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Ante el estado de emergencia declarado ante el coronavirus (COVID-19)

Declaración pública

Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

La situación de alerta y emergencia mundial por la epidemia del Coronavirus, que eventualmente llegó a Puerto Rico, nos causa una profunda preocupación por lo que hacemos este pronunciamiento público. Y es que la peligrosidad y sus consecuencias a la salud y la vida de la población mundial, apenas asoma y las mismas se dan en un contexto sumamente preocupante. Ninguna persona está exenta de potencial contagio cuyo mayor efecto ha sido la muerte mayormente en la población sobre 40 años con condiciones económicas precarias, siendo este importante factor el limitante para acceder a servicios de salud adecuados. Por eso entendemos necesario aportar con esta declaración a fin de enfrentar una difícil situación en el contexto de quienes luchamos por un mejor futuro de libertad e igualdad.

Con origen hasta ahora conocido en China el pasado diciembre, la crisis del coronavirus se ha propagado en ascenso continuo, siendo Asia y Europa los continentes más afectados. Se ha hecho referencia a sobre 180 mil contagios en todo el mundo y sobre 7,000 el número de muertes. En Estados Unidos se ha registrado un alza dramática en poco tiempo con 4,226 casos y 75 muertes al momento.

En Puerto Rico, con contados casos confirmados y otro mayor de sospechosos, es muy probable que aumenten si no se toman medidas urgentes, efectivas e inmediatas que protejan a toda la población y que el estado les garantice la adecuada atención médica. Pero esto no estaría completo si el gobierno no atiende los efectos de esta crisis sanitaria en beneficio de la población que depende de su trabajo para vivir, tienen empleos chatarra, gente con pensión insuficiente o quienes no tienen ingresos. La solución inmediata tiene que darse en el contexto de nuestra realidad social y política.

Por eso reconocemos el aislamiento social como una medida efectiva para desacelerar el ritmo de contagio del COVID-19. Cuando ejercemos el aislamiento ponemos en práctica la solidaridad y protegemos a nuestras personas más vulnerables. Es momento de dejar actitudes individualistas a un lado y accionar colectivamente. Ello no implica que estemos conformes con la Orden Ejecutiva del gobierno de turno del PNP, pues impone unas medidas en extremo represivas (multas de hasta $5,000 y/o pena de cárcel de hasta 6 meses), que ya son características de Wanda Vázquez.

El aislamiento social lo practicamos por la desconfianza extrema que tenemos en el gobierno. Uno que nos dejó morir en la emergencia de María y que no repartió los suministros después de la crisis (que aun vivimos) de los terremotos.  Lo hacemos en el contexto de administraciones PPD y PNP que privatizaron, robaron e hicieron recortes a nuestro sistema de salud. Además, en el marco de reformas laborales anti obreras; un sistema de salud que ha propiciado la fuga de profesionales de la salud; y un gobierno federal que limita el acceso a las pruebas del coronavirus sin imponer controles adecuados en la entrada y salida de nuestros puertos.

En Puerto Rico nuestra condición colonial y el capitalismo neoliberal limitan nuestra capacidad de respuesta ante un evento de esta naturaleza. El control federal de las aguas territoriales, del comercio marítimo y los aeropuertos hacen muy difícil el control estricto del flujo de entradas y salidas de la isla. Las leyes de cabotaje y el control del comercio exterior no permiten adquirir equipos médicos, tratamientos y métodos de pruebas alternas en otros países. Las medidas neoliberales y los recortes fiscales para garantizar el pago de la deuda nos han dejado con un sistema de salud privado, y aquellas áreas que aún están bajo administración pública en condiciones sumamente precarias.

La ausencia de un sistema de salud universal deja nuestro pueblo pobre y trabajador a merced de las aseguradoras y de la precaria cobertura de la tarjeta de salud, que también está en manos de los principales planes médicos.  El reclamo de un sistema de salud público y universal se convierten en una necesidad imperiosa que tendremos que intensificar durante y con posterioridad a esta crisis.  El sistema de salud actual no está ni remotamente preparado para atender esta crisis por que está diseñado con por y para las aseguradoras.

Por otro lado, el gobierno del presidente Trump ha anunciado una serie de medidas que ponen el peso de la respuesta de emergencia en manos de la empresa privada. La conferencia de prensa donde se anunciaron las primeras medidas parecía un acto de relaciones públicas de las megacorporaciones como Wallgreens, Walmart, Target, CVS, Quest Diagnostics, etc.  El presidente habla de que la situación está bajo control, pero se niega a ponerle limitaciones a la libre empresa, la actividad comercial. El gobierno de EE.UU. vuelve a responder a una crisis de salud de grandes proporciones como respondió ante los desastres de Katrina y María, entre otros. La clase dominante y el establishment demócrata/republicano responden de la misma manera ante cada crisis; que los más ricos se enriquezcan, mientras los más pobres y vulnerables pagamos las consecuencias. Esta ocasión parece no ser la excepción, el gobierno de Trump ha respondido con el capitalismo del desastre, aprovechando la crisis para que un puñado de empresas norteamericanas vinculadas a la salud acumulen ganancias y obtengan beneficios.

Bajo estas condiciones se hace sumamente difícil responder adecuadamente a la pandemia del COVID-19. Se ha demostrado que el gobierno de Puerto Rico no tiene un monitoreo y control de las personas potencialmente infectadas que entran y salen de la isla; no se ha implementado el tan anunciado plan de prevención en los aeropuertos.

Hay que garantizar acceso a la prueba del coronavirus sin restricciones a toda persona que tenga alguno de los síntomas. No se puede seguir tratando los síntomas básicos como si fuera un catarro común; la única forma de aislar las personas infectadas y reducir el riesgo de contagio es diagnosticando la enfermedad. También nos permite proteger a las más vulnerables al contagio y de sufrir las peores consecuencias.

Las medidas tomadas por la administración de Wanda Vázquez no son suficientes si no vienen acompañadas de acciones concretas que destinen recursos a donde hace falta. En Puerto Rico sigue habiendo una emergencia y no podemos permitir que mientras el pueblo sufre en incertidumbre, durante estos tiempos, los ricos sigan llegando a acuerdos de pago de la deuda con fondos buitres.

El gobierno tiene una responsabilidad para proteger la seguridad y la vida de las mujeres y la comunidad lgbtiq+. Muchos casos de violencia machista se dan en el ambiente de los hogares donde los que agresores y maltratantes gozan de impunidad. En estos casos el estado mediante el aislamiento abandona a la víctima si no se atiende con el mismo carácter de emergencia que la epidemia.

Además, hay que declarar una moratoria en el pago de hipotecas, agua, luz, teléfono e internet y que el gobierno se encargue de pagar la renta de inquilinxs a pequeñxs propietarixs quienes dependen de ello como su único ingreso, así como una paralización a los desahucios.  Se debe dar especial atención a personas vulnerables por condiciones de salud, edad, personas sin hogar y también en situaciones de violencia en el hogar para que puedan sobrellevar la crisis de forma segura.

Es momento de tomar los billones de dólares que se encuentran reservados para el pago de la deuda y destinarlos en las medidas salubristas que sean necesarias.  Igualmente, ese dinero debe servir de base para que toda persona asalariada y/o cuentapropista reciba un ingreso de emergencia ante la paralización de la economía.  Estas medidas son fundamentales para evitar una mayor crisis social y de salud.

Se debe obligar a los patronos de las áreas no esenciales a no exigir a sus empleadxs a trabajar durante el lockdown. Prohibirle además,  a todo patrono tomar represalias contra sus empleados por el lockdown o por razones de ausencia por enfermedad o aislamiento voluntario.

Estamos convencidas y convencidos de que estas medidas son solo algunas necesarias para atender la emergencia, que en modo alguno significa una tregua con la burguesía. Por el contrario, es la manera de protegernos para relanzar con más fuerza la lucha.

Igualmente, tenemos la más alta convicción de que solo la lucha del pueblo pobre y trabajador podrá transformar esta sociedad injusta en una solidaria. Que esto será posible cuando los sectores hoy explotados tomen las riendas del país y de todo lo que aquí produce. Que tengamos plena independencia política y una verdadera democracia que llamamos socialismo en que se respete y fomente el feminismo.

Comité Central MST

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