Nota de Bandera Roja: En sintonía con nuestra política editorial hemos abierto las puertas al CSC para que reaccionen al Debate Abierto iniciado por el Cro. Pablo Torres con el artículo titulado Una Cuba democrática y justa. Apostamos al choque de ideas para un desarrollo de la teoría y práctica revolucionaria.
Este es nuestra opinión, no a través de un escrito sino tomando nota según lo leíamos y analizábamos lo que expone. (Lo realizamos tres compañeros juntos, dos cubanos residentes en la isla y un boricua internacionalista)
El análisis del texto en cuestión revela, desde sus primeras líneas, una subordinación discursiva a la narrativa impuesta históricamente por los centros de poder de Washington y el lobby conservador de Miami. Calificar la realidad cubana bajo el prisma maniqueo de una “vil y criminal dictadura” despoja el debate de todo rigor sociopolítico y reproduce los esquemas de propaganda tradicionales. La experiencia socialista cubana se fundamenta en la concepción del Estado como garante de los intereses de las mayorías trabajadoras frente a las élites económicas, canalizando la dirección política a través de congresos partidistas y asambleas populares donde se corrigen rumbos y se proyectan reformas. El mayor desacierto del argumento original radica en tratar el cerco económico como un mero factor agregado o colateral. Relegar a segundo plano una guerra económica extraterritorial de casi siete décadas, agravada por las más de doscientas cuarenta medidas punitivas de la administración Trump, sostenidas activamente por Biden, la injustificada inclusión en la lista de patrocinadores del terrorismo y el recrudecimiento del asedio energético promovido por actores como Marco Rubio, constituye una distorsión deliberada de la causa principal que asfixia la capacidad de planificación material del país.
Al abordar la imperiosa necesidad de incrementar la producción y dignificar el poder adquisitivo, el escrito comete el error de sugerir que el socialismo cubano ha ignorado estas premisas, cuando en realidad ha sido la clase trabajadora organizada la que ha sostenido el tejido productivo en condiciones de constante privación impuesta. Plantear una supuesta disyuntiva sobre cómo edificar una economía al servicio de las mayorías desconoce la dinámica histórica de consulta popular que caracteriza a la isla. En Cuba, las transformaciones económicas de gran envergadura no se imponen mediante decretos tecnocráticos a puerta cerrada, sino a través de debates en fábricas, cooperativas y centros de estudio, como quedó demostrado en el proceso de discusión y aprobación de las directrices y lineamientos socioeconómicos, así como en la deliberación masiva de normativas como el Código de las Familias. Ignorar estos espacios de deliberación directa para tachar al modelo de sordo ante el pueblo es replicar acríticamente las tesis desinformadoras que niegan la capacidad protagónica de la clase obrera cubana.
El intento de leccionar sobre bienestar social, empleo y servicios públicos tropieza de frente con la monumental obra distributiva de la Revolución frente a obstáculos extremos. Resulta insostenible hablar de falta de voluntad estatal en materia de vivienda, salud o infraestructura sin denunciar que la legislación estadounidense prohíbe la adquisición de insumos, maquinarias y medicamentos que contengan siquiera un diez por ciento de componentes norteamericanos. La tarea cotidiana de edificar obras, restaurar redes eléctricas y sostener el sistema sanitario se realiza mediante un esfuerzo heroico de resistencia e innovación obrera. El movimiento de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) es un testimonio vivo de trabajadores que fabrican piezas de repuesto confiscadas en puertos internacionales por navieras temerosas de sanciones. Atribuir las carencias en los servicios a negligencia interna, obviando la deliberada persecución financiera internacional contra los bienes esenciales de la población, es una maniobra intelectualmente deshonesta.
Asimismo, la pretensión del escrito original de descubrir una economía mixta que combine la propiedad social con cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y trabajo por cuenta propia denota una profunda desconexión con las reformas que el Estado cubano ya ha legislado e implementado a través de marcos normativos como los decretos sobre el sector no estatal y el sistema tributario de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT). Las diversas formas de gestión no estatal conviven activamente dentro del modelo socialista, reguladas precisamente para evitar que la acumulación desmedida de capital vulnere la soberanía o desmantele los derechos conquistados. A diferencia de las economías de mercado en la región donde impera la precarización, el desempleo estructural y el desamparo sindical, en Cuba la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y las asambleas de colectivos laborales fiscalizan los derechos del asalariado y promueven la reubicación laboral. El reto actual no es la falta de apertura, sino el control soberano sobre distorsiones especulativas para que el mercado responda al bienestar general y no a lógicas de enriquecimiento privado ajenas al proyecto social.
La exigencia de una supuesta “apertura democrática” condicionada al desmantelamiento del Partido Comunista de Cuba traduce la intención de imponer un modelo de democracia burguesa y multipartidista que históricamente ha respondido al financiamiento corporativo y al espectáculo mediático. El sistema político y electoral cubano, fundamentado en la postulación directa de delegados de base desde las asambleas barriales sin necesidad de intermediación partidista ni campañas millonarias, otorga un control popular directo que supera con creces las democracias liberales occidentales, donde el acceso a los cargos depende del capital financiero. En Cuba, el voto no es obligatorio y las urnas son custodiadas de manera transparente por escolares, contando con mecanismos institucionales de rendición de cuentas e inclusive de revocación de mandato para aquellos representantes que no cumplan el encargo comunitario. Homologar legitimidad democrática con proliferación de partidos satélites no es más que asumir la agenda foránea que busca fracturar la unidad política para facilitar la penetración imperialista.
Finalmente, el intento del texto de equiparar al gobierno revolucionario con las posturas injerencistas de figuras como Donald Trump y Marco Rubio constituye una falsa equivalencia ideológica. Mencionarlos superficialmente busca otorgar una falsa apariencia de neutralidad a un argumento cuyo único propósito es socavar la legitimidad del proyecto socialista desde adentro. La soberanía reside de manera indiscutible en el pueblo cubano, y es precisamente ese pueblo el que ha defendido su derecho a la autodeterminación frente al intervencionismo extranjero, rechazando recetas foráneas de privatización y sometimiento. Reducir la compleja batalla de un país sitiado a clichés sobre dictaduras y transiciones de manual no solo evidencia una mirada superficial y funcional a los intereses hegemónicos, sino que ignora la profunda convicción de una sociedad que elige perfeccionar su socialismo sin tutelajes ni presiones externas.
