Acuerdo con telefónicos favorece al patrono-gobierno

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José Velaz Ortiz
info@bandera.org
Colaboración
www.bandera.org

El proceso de negociación con el que se finalizó la huelga del pueblo adoleció de los mismos vicios de falta de transparencia y de secretividad que ha caracterizado a las acciones del Gobierno en la venta de la telefónica. Injustificadamente, el liderato telefónico adoptó un acuerdo de confidencialidad de las estipulaciones con el patrono pretendiendo ocultarlas al resto de las organizaciones y al mismo pueblo. Ni siquiera se corrigió la situación al momento de los sindicatos someter las estipulaciones a sus respectivas matrículas. Particularmente en la Asamblea de la UIET, el liderato impidió la de discusión sobre los alcances de tales estipulaciones.

A pesar de que las acciones en contra de la venta de la telefónica constituyen un legítimo ejercicio del derecho constitucional a la libertad de expresión, asociación y organización, el liderato telefónico aceptó que el patrono le aplicara el Reglamento de Disciplina de la PRTC a los participantes en la huelga. Se acordó que continuarían las acciones disciplinarias, denuncias, procesos y acusaciones ya iniciadas contra empleados telefónicos por acciones alegadamente ilegales. El patrono notificó amonestaciones a los trabajadores apercibiéndoles de que una «segunda infracción» (o sea, cualquier otra huelga o paro) conllevaría una suspensión de empleo y sueldo y de que incluso el patrono se reservaba el derecho a tomar acciones disciplinarias más severas, incluyendo el despido en caso de huelga.

El alcance no discutido de estas estipulaciones es la renuncia a uno de los derechos constitucionales de mayor importancia para los puertorriqueños como es el derecho a la libertad de expresión, asociación y organización, así como dar la apariencia de ilegalidad de la huelga llevada a cabo y el desaliento del liderato telefónico a la ejemplar disposición de lucha de los hombres y mujeres telefónicos. Las estipulaciones son un balde de agua fría para la matrícula de los sindicatos telefónicos y para el resto del pueblo y organizaciones que no están dispuestos a rendir su lucha contra la venta de la telefónica y la privatización. Además, la situación ejemplifica cómo una huelga exitosa puede abortarse por los errores de su liderato.

Cabe preguntarse, qué es lo que el liderato telefónico obtuvo a cambio, cuando existía la posibilidad real de haber terminado la huelga y haber entrado a trabajar sin condiciones, sin aceptación alguna de sanciones y con la posibilidad de luego volver a decretar un nuevo paro o estado huelgario. La única «concesión» del patrono lo es el retiro sin perjuicio de «los cargos radicados ante la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico contra la UIET y la HIETEL…» De incurrir en unos paros podrían ser reinstalados.

Peor aún, ambos sindicatos aceptan que los actos que afecten las labores de la empresa constituirían una violación al convenio colectivo que justificaría someter nuevamente esos cargos y otros por violaciones separadas.

La renuncia de derechos constitucionales debe ser una inteligente, debidamente orientada y voluntaria, lo que no ocurrió en este caso. Hay derechos que no se renuncian, independientemente de que exista la posibilidad de que la Junta de Relaciones del Trabajo pueda decidió un caso a favor del Gobierno. La posibilidad de apelar el caso y, mientras tanto, seguir la lucha político sindical con el apoyo del pueblo son consideraciones que debieron ser objeto de riguroso análisis y discusión por parte de las asambleas que celebraron los sindicatos telefónicos.