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Publicado en 30 de septiembre de 1998 | por BREL2

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Gobierno considera vender colegios universitarios UPR

Javier Córdova Iturregui

Bandera Roja
www.bandera.org

La Universidad de Puerto Rico y la educación pública en general atraviesan por una situación precaria. No hay duda de que el gobierno de Rosselló pretende darle duros golpes a la educación pública en nuestro país, debilitándola frente a la educación privada.

La «Ley de las Escuelas de la Comunidad», que pretende poner a competir unas escuelas contra otras por los cada vez más reducidos fondos del Departamento de Educación, que pretende insertar la educación pública en la desigualdad inherente al mercado, que pretende que la comunidad escolar comience a invertir fondos y recursos en las escuelas cuando está es responsabilidad del estado, y que ataca derechos adquiridos de los maestros, ha sido la pieza inicial más importante de la Política de privatización de la educación pública.

La supuesta «Ley de Oportunidades Educativas» es otro golpe a la educación pública. está nueva versión de la ley de los vales educativos, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo, pretende debilitar aún más la educación pública. La UPR se está viendo, y se verá aún más, seriamente afectada por la eliminación de millones de dólares de su presupuesto. Los efectos de la recién aprobada ley, que contó con el repudio unánime de todos los sectores de la comunidad universitaria, ya se están dejando sentir: profesores que tenían contratos a tiempo completo han sido contratados a tiempo parcial y cientos de secciones han sido cerradas dejando a miles de estudiantes sin clases requeridas en sus currículos.

La privatización ha hecho su entrada por las puertas universitarias. Tenemos conocimiento por personas que trabajan en la administración de la UPR, de que el gobierno considera proyectos de venta de algunas unidades de la Universidad de Puerto Rico. La administración ha impulsado proyectos que pretenden facilitar el proceso de privatización como que el verano sea «autofinanciable» (lo que implica reducir la paga a los profesores que dan cursos durante el verano y aumentar el costo de matrícula para los estudiantes) y un plan de cesantías que no es otra cosa que eliminar la permanencia institucional para el personal docente. Estos proyectos han contado con el repudio de la comunidad universitaria.

No hay duda de que la visita de Rosselló, Norma Burgos y Kenneth Mc Clintock el año pasado al Recinto de Río Piedras intentaba preparar el camino para desprestigiar a los estudiantes universitarios y así facilitar el camino a la ley contra la Universidad que sometería el Gobernador apenas unos meses después. Sin embargo, no han logrado su objetivo. La comunidad universitaria ha estado más unida que nunca en defensa de la educación pública y contra la privatización, y el pueblo se expresó mayoritariamente en contra del ataque del gobierno a la reducción de fondos universitarios.

Los últimos meses previos al verano fueron de gran militancia, no solo en el Recinto de Río Piedras, sino en todo el sistema universitario público. El cierre patronal de la Junta de Síndicos el semestre pasado y la participación de los universitarios de todo el sistema en la pasada Huelga del Pueblo, son la mejor prueba de la contundencia del rechazo a la Política de privatización del gobierno por parte de los universitarios. El semestre pasado quedó constituido el Frente Universitario Nacional, compuesto por todos los sectores de la comunidad universitaria, como un mecanismo de lucha y unidad contra la privatización y de defensa de la Universidad de Puerto Rico.

Los que pensaban que la Universidad era inmune a la privatización se han equivocado. Pero los que piensen que en la Universidad no se darán batallas decisivas para detener dicha Política se equivocan también.

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