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Publicado en 11 de mayo de 2010 | por BREL1

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Sin amparo los marginados en Puerto Rico: desmantelan Oficina de Comunidades Especiales

Carlos Fortuño Candelas
Bandera Roja

El próximo 28 de mayo de 2010 serán efectivas las cesantías de mas de 100 empleados de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE). La agencia quedará desmantelada con solo 13 empleados de confianza nombrados por la administración de Luis Fortuño y el PNP.

Esta medida afecta a unas 706 comunidades marginadas del País que perderán los recursos de la agencia para defender sus derechos. Puede significar que los gobiernos municipales le quiten a estas comunidades el control de sus centros comunales y facilidades recreativas. Con la ya segura derogación de la Ley 1 que creo la agencia se abre el camino para que el gobierno central y los municipios expropien las comunidades pobres. Esta ley requería que para expropiar a una comunidad especial tenían que estar de acuerdo el 75% de los residentes.

Al desaparecer la Oficina de Comunidades Especiales se deja sin respaldo a los sectores marginados y discriminados. En Puerto Rico mas del 50% de la gente vive por debajo de los niveles de pobreza y están privadas del acceso a los servicios y bienes que gozan los privilegiados. Esta medida contra las comunidades busca evitar que la los pobres adquieran poder al controlar sus procesos gestores y adquirir educación y experiencias de lucha propias. Con estas medidas el gobierno de Luis Fortuño y el PNP provocan que se abra aun mas la brecha entre pobres y ricos, agudizando las tensiones sociales.

El gobierno ha desmantelado también otras agencias que dan servicio a grupos sociales no favorecidos. En la Procuraduría de la Mujer se despidieron a 29 empleados, dejando solo 19 para dar servicio a las mujeres ante numerosos problemas sociales. En la Procuraduría del Impedido cesantearon a 53 de los 117 empleados y el la del Veterano quedaron fuera 12 de 29 empleados. La Oficina del Procurador del Paciente fue también desmantelada con el despido de 41 de los 66 trabajadores que laboraban allí. Algo similar ocurrió con la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada que echó a la calle a 111 de sus 125 empleados.

El director de la Oficina de Comunidades Especiales Frederick Muhlack, lejos de defender los servicios de su agencia ha actuado como sindico liquidador de la agencia. No cree en el trabajo comunitario y favoreció la derogación de la Ley 1 del 2001 que da razón de ser a esta oficina.

Mientras los trabajadores afectados por la abusiva “medicina amarga” no articulen alternativas de lucha militante y sigan descansando el los procesos judiciales de un sistema que esta bajo el control del partido en el poder, el gobierno de Luis Fortuño y el PNP continuaran sus abusos.

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