107 mil personas en Puerto Rico pudieran quedar en la calle con propuestas aporofóbicas y racistas de HUD

Entre febrero y marzo, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) federal publicó propuestas que, de aprobarse, amenazan con dejar en la calle a más de 107,000 personas en Puerto Rico. Los cambios propuestos por la administración Trump no solo pretenden ponerle fecha de vencimiento a los subsidios, sino que quieren tirar a familias enteras a la calle si tienen un familiar inmigrante, imponer jornadas laborales forzosas y eliminar protecciones básicas contra el desahucio. Sin embargo, tienen aún que pasar por una aprobación, por lo que cada propuesta tiene un tiempo para recibir comentarios de la ciudadanía. 

La primera propuesta apunta a eliminar la asistencia prorrateada para las llamadas «familias mixtas» (donde conviven personas con ciudadanía americana con inmigrantes no elegibles), forzándolas a elegir entre separarse o quedarse sin hogar en 90 días. El plazo para comentar vence el 21 de abril.

La siguiente, impone límites de estadía de 2 años y requisitos laborales de hasta 40 horas semanales para adultos entre 18 y 61 años que reciben asistencia federal, sin considerar la falta de empleos y patronos que ofrecen pocas horas semanales. Aplica a residenciales públicos, vales de Sección 8 y proyectos privados con subsidio. Los comentarios se reciben hasta el 1 de mayo.

La última, elimina la protección de 30 días de aviso antes de un desahucio por impago, tiempo que familias usan para buscar dinero, hacer arreglos o negociar un plan de pago. Ahora, se reduciría ese término a 14 días en vivienda pública y hasta 5 días en otros programas, aunque también dependerá de contratos. La medida entra en vigor el 30 de marzo.

Según datos del Departamento de la Vivienda local, hay 48,323 familias en residenciales públicos (95,108 personas) y otras 12,396 con vales de Sección 8. De aprobarse, las familias más pobres de Puerto Rico quedarían sin techo. Mientras el reloj corre y los periodos de comentarios públicos vencen entre abril y mayo, el silencio del gobierno local es ensordecedor.