¿Quién le cree a estos corruptos?

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| Publicado el 2 agosto 2018

Emilia Quiñones Otal

Bandera Roja

A casi dos años ya de las pasadas elecciones generales, la carrera para el puesto de Gobernador ya ha comenzado en Puerto Rico, y parte de ello ha sido la presencia en los medios de alegadas peleas o disputas entre los miembros de la Junta de Control Fiscal y otros del Partido Nuevo Progresista, así como entre personas del mismo partido. Dichas discusiones no son más que un teatro montado para que el electorado distinga entre la Junta de Control Fiscal (al cual presentan como el malo) y el gobierno (que se presenta como el salvador del pueblo). Pero la realidad es que ambos bandos tienen los mismos intereses y por lo tanto el mismo objetivo, servir a los empresarios locales y foráneos con el dinero de las personas que trabajan en Puerto Rico.

Muchos son los titulares: “La administración de Rosselló radica demanda contra la Junta Fiscal”, “Proponen plan alternativo a medidas de austeridad en Puerto Rico”, “La junta me importa un pito, dice Rivera Schatz”, “Rivera Schatz contesta las críticas de Rosselló y la Junta Fiscal”, y así continúan las agencias de forma individual, la Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica, presentándose como los salvadores y defensores del pueblo. Si se observan detenidamente los planes propuestos por las diversas administraciones mencionadas: Gobierno Central, AEE, UPR, etc. se puede observar que, aun cuando rechazan públicamente las propuestas de la Junta los suyos son extremadamente similares y en ocasiones peores. Por ejemplo, en mayo de 2018 la Junta de Gobierno de la UPR rechazó el Plan Fiscal aprobado por la Junta que aumenta el crédito a 115 dólares a partir de 2018 y continúa subiendo hasta 2023, pero el plan de la UPR contiene los mismos aumentos en la misma escala.

Además, el Plan Fiscal del Gobierno Central, con tal de evitar recortes en partidas que sí se pueden eliminar, como las escoltas, asesores legislativos, gastos de oficina, transportación y viajes para los legisladores, propuso casi 100 impuestos nuevos, muchos de ellos a servicios básicos como el llamado seguro compulsorio. Se debe añadir además la propuesta conjunta de privatización de prácticamente todas las corporaciones públicas (con excepción de la UPR) que nos dejará sin derecho a vivir ni respirar en un Puerto Rico privado en donde solo se garantizarán los derechos de las personas con dinero para pagarlos.
La Junta de Control Fiscal ha sido cómplice y promotor de muchas de las medidas impuestas, pero el gobierno de turno, intentando quedar bien para las elecciones del 2020 ha hecho creer al pueblo que lo defiende y busca sus mejores intereses cuando, como se menciona arriba, los intereses de ambas estructuras son los mismos, explotar a las puertorriqueñas y los puertorriqueños como mano de obra barata, empobreciendo al país, y enriqueciendo a los ricos y empresarios.

Ante este panorama, el deber de la clase trabajadora es destapar la verdad y no creer al teatro montado entre el gobierno y la Junta. También es importante movilizarse y movilizar a las nuestras y los nuestros para que el gobierno se dé cuenta de que no les vamos a creer.