Utuado: arenero acusado obtiene permiso ilegal

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| Publicado el 29 enero 1998

Redacción
Bandera Roja

El Comité Amigos del Ambiente de Utuado mantiene una lucha de oposición a una planta de procesamiento de arena en un área residencial de la zona urbana, que ya ha empezado a operar.

Desde que el Comité hizo pública su oposición y radicó querellas en distintas agencias, Wilfredo Torres, dueño de la planta, inició una campaña de presión con amenazas a los miembros de la comunidad. Este fue convicto por intento de tráfico de cocaína. Varias veces hizo referencia a sus vínculos con carteles de Colombia. Así pretende crear un clima de terror entre el pueblo de Utuado. También ha hecho uso de sus influencias para lograr el endoso de políticos y funcionarios, como el alcalde PNP de Utuado, Juan Luis Ortiz, y los representantes PNP, Waldemar Quiles y Norberto Nieves.

Logró que el Departamento de Recursos Naturales (DRN), en violación a su función de protección de las cuencas hidrográficas, le conceda un permiso para extracción de arena en la cuenca del Río Viví, tributario del Río Grande de Arecibo, base del Superacueducto. Además, logró que el DRN le eximiera de una Declaración de Impacto Ambiental, que es mandatoria por ley, pese a que se proyecta destruir una finca de 88 cuerdas. Utilizando el endoso del DRN, Torres destruyó un área boscosa en la parte norte de la finca que no constaba en el endoso inicial.

En noviembre el actual representante legal del grupo recibió una amenaza de muerte. También recibió amenazas de muerte el anterior representante legal del Comité, Lcdo. Moreno Luna, cuya residencia también fue tiroteada.

Varias semanas después la fiscalía de Utuado obtuvo información que condujo a radicarle varios casos criminales, todos relacionados al proyecto arenero. Entre ellos, conspiración para atacar a tiros la residencia del Lcdo. Moreno Luna y de Carlos Pérez Kolb, secretario del Comité. En todos los cargos se halló causa probable y están pautados para verse en enero. Además, el jefe de agentes investigadores y un fiscal fueron amenazados en pleno centro judicial. La Administración de Corrección no ha provisto la protección solicitada por el testigo clave en el proceso.

Wilfredo Torres pretende lograr mediante presión, amenaza y moviendo sus influencias, que se le permita legalizar la operación de su industria que a todas luces viola los reglamentos de diversas agencias.

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