Victoria para lxs trabajadorxs de Centro Médico

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| Publicado el 29 enero 2024

La lucha de lxs trabajadorxs del Centro Médico de Río Piedras ha resultado en un acuerdo entre el gobierno patrono y aquellxs unionadxs bajo la Unión General de Trabajadores (UGT). El Centro Médico es el hospital más importante del país, que sobrevive como hospital público a pesar de los intentos de privatización del gobierno en contubernio con la Junta de Control Fiscal (JCF). Unxs 975 trabajadorxs, organizados bajo la Unión General de Trabajadores, llamaron a un paro indefinido de laborales que iniciaría el día 26 de enero a las 12:01am. Esto incluiría enfermerxs, enfermerxs anestesistas, técnicxs radiológicxs, técnicxs clínicxs, cocinerxs, asistentes de Sala de Emergencias, terapia respiratoria, ingenieros y secretarixs, entre otro personal unionado por la UGT.

Ante una crisis de salud rampante y la sobrecarga de horas de labos de lxs trabajadorxs de este centro, el gobierno se ha cruzado de brazos y sigue pasándole dinero a hospitales privados que se van a la quiebra y despiden empleados a centenares. Sin embargo, el gran obstáculo a los reclamos de lxs trabajadorxs, además del gobierno patrono, es la Junta de Control Fiscal. El patrono, la Administración de Servicios de Salud (ASEM), se estuvo reuniendo en secreto con la JCF para negarse a negociar de buena fe con lxs trabajadorxs, negándose a someter contrapropuestas o responder a los reclamos de lxs unionadxs. Inicialmente, la JCF se negó a otorgar $2,000 mensuales de aumento a lxs empleadxs (25 millones al año, mucho más de lo que la Junta gasta en los abogados que se han vuelto millonarios con nuestra quiebra).

Desde un principio, la Junta ha trabajado para beneficiar a los ricos que se lucran de los fondos públicos destinados a la salud. Por ejemplo, en 2021, Natalie Jaresco directora entonces de la JCF, solicitó que se eliminaran las leyes que fiscalizan los planes médicos y beneficios de farmacia.

A principios de este mes, la Junta de Supervisión Fiscal, con su nuevo director antiobrero, Robert Mujica, aprobó el plan de clasificación y retribución propuesto por ASEM. Entre lo aprobado, se incluía un grupo selecto de empleadxs que recibirían aumentos, la mayor parte de los cuales son gerenciales, o para empleadxs nuevxs en unas 409 plazas vacantes. Además, los aumentos incluían puestos de politiquerxs, puestos de confianza, como la del director del programa de mejoramiento organizacional ($7,731 mensuales), la recepcionista ejecutiva confidencial ($2,031), secretaria del director ejecutivo ($4,431), el director de servicios de enfermería ($10,431) y el chofer del director ejecutivo ($2,031). Hasta el chofer del director ejecutivo recibió aumento, mientras el grupo de enfermeras que ya trabajaban allí sin descanso todos los días no recibió nada. Todo esto ocurre a medida que los fondos de Medicaid han aumentado en 19,000 millones de dólares del 2024 hasta el 2027.

Ante este escenario, lxs trabajadorxs de la salud, han dicho, «¡Basta ya¡» Estxs empleadxs no recibían un aumento de sueldo desde el 2016. La UGT, de manera democrática negoció y consultó a su matrícula sobre cada propuesta del patrono. El aumento, en vez de ser de $2,000, es de $800 mensuales, pero es una mejor propuesta que la de una bonificación por esa cantidad por tres años que sometió ASEM y la Junta. De salario, muchxs empleadxs, tras las deducciones, solo reciben $1000 mensuales; mientras los empleados de confianza cobran hasta $200,000 al año, según la UGT. Muchxs hacen turnos de 12 horas corridas por falta de personal. Algunxs atienden hasta 20 pacientes a la vez. La justicia salarial es solo parte del problema de la salud pública. Las pobres condiciones de trabajo y el deterioro por los recortes en Centro Médico son la orden del día.

Como sabemos, esta situación no es exclusiva del Centro Médico. De hecho, solo el 30% de lxs enfermerxs trabajan en el sector público, una consecuencia de la privatización de los servicios públicos bajo la administración Roselló. En realidad, todxs lxs trabajadorxs de la salud en el país tienen salarios miserables, mientras las aseguradoras y los hospitales privados se enriquecen cada vez más con el dinero que debe ir a mejorar las condiciones de trabajo, beneficios, salarios de lxs enfermerxs del país, así como a mejorar los servicios de salud de los puertorriqueños. Las aseguradoras tuvieron ganancias récord en 2021, y, entre 2012 y 2021, cobraron 14 billones de dólares. Se han cerrado salas de parto en numerosos hospitales, así como salas de emergencia. Los corruptos de las aseguradoras, los privatizadores en la Junta de Control Fiscal y el gobierno se entregan al poder de estos monstruos de los planes de salud y los hospitales privados, mientras cortan los presupuestos de los servicios públicos que aún existen.

Hay que celebrar con gran entusiasmo este triunfo de los trabajadores de Centro Médico que, tras muchos meses de lucha, con valentía y verticalidad lograron mejoras de salario. Debemos apoyar estas luchas, así como la lucha por mejorar las condiciones de trabajo de lxs empleados de la salud, cambiar el sistema de salud de uno donde el lucro es lo que prevalece a uno en que el bienestar de todxs sea lo primero, a un sistema de salud pública universal.