Nuevo presidente, más privatización

| Publicado el 20 abril 2010

Ian Camilo Cintrón Moya
Unión de Juventudes Socialistas (UJS-MST)

No lleva ni un semestre como presidente de la UPR y el Dr. José Ramón de la Torre pretende de un zarpazo eliminar servicios y derechos importantes a la comunidad universitaria. A principios de marzo, De la Torre le anunció al País su propuesta para recortar en sobre $100 millones el presupuesto de la UPR. Esta propuesta contempla recortar millones de dólares en compra de equipos y materiales, adquisición de libros para las bibliotecas, eliminación de los trabajos de jornal de los estudiantes y el pago de horas extras a los trabajadores, entre otros. Además, la Junta de Síndicos está considerando eliminar la aportación patronal al plan médico de los trabajadores de la UPR. La verdad es que lo que están barajando representaría un duro golpe a nuestros derechos como universitarios.

Desde el año pasado se viene señalando que la UPR enfrentaría un déficit de sobre $130 millones. Ahora De la Torre afirma que el déficit podría ascender a $200 o $250 millones.

¿A qué se debe el déficit de la UPR? El presupuesto de la UPR se nutre principalmente de una fórmula de financiación que establece que el 9.6% del presupuesto del gobierno pasa a la Universidad. El gobierno de Fortuño redujo el presupuesto general del gobierno provocando una merma en los fondos que recibe la Universidad. Adicional a esto, la Ley 7 excluyó de la base de la fórmula del 9.6% de financiamiento de la UPR las nuevas medidas de recaudo, rentas e impuestos establecidos y, una partida del por ciento del IVU que también se consideraba en la base de la fórmula. En fin, las políticas del gobierno de Fortuño han llevado a la UPR a una crisis sin precedentes. Y se atreven a decir que la juventud y la educación son primero. Menos mal…

¿El déficit de $136, $200 o $250 millones justifican los recortes anunciados por De La Torre?
Absolutamente NO. Los estudiantes y los trabajadores no tenemos la culpa ni somos los responsables por la debacle que el gobierno y las administraciones universitarias han provocado en la UPR. ¿Por qué aceptar y permitir que se vean perjudicadas considerablemente nuestras condiciones de estudio y trabajo? Si fue la Ley 7 de Fortuño y sus panitas millonarios la que provocó que la UPR dejara de recibir fondos, se debe exigir que se restituya y considere en la base de la fórmula de financiamiento las partidas excluidas producto de esta abusiva ley. A su vez, se deben implantar recortes en la burocracia administrativa de manera que no se afecte el quehacer educativo. Que los administradores se bajen los sueldos, eliminen sus beneficios, dietas, entre otros privilegios, característicos de miembros de la realeza. Además, implementar medidas como la Matrícula Ajustada a los Ingresos (MAI) y contribuciones a las compañías multimillonarias como farmacéuticas, bancos y comercios a través del Fondo Único para Estudiantes y Trabajadores de la Educación (FUETE) deben considerarse para sobresalir del millonario déficit. Lo que no puede ser una opción es que nos arrebaten derechos y destruyan servicios esenciales. Tampoco, la salida de la crisis puede ser a través de la privatización de recintos ni de servicios.

Ante la eliminación de las exenciones en la matrícula y las clases de verano,
Lucha Estudiantil Militante
Además del propuesto recorte en el presupuesto que entraría en vigor en julio, actualmente se han aprobado medidas sumamente perjudiciales para el estudiantado. La Junta de Síndicos, encabezada por su presidenta, Ygri Rivera puso en moratoria las exenciones en el pago de matrículas a través de la certificación #98, poniendo en jaque las oportunidades de estudio de miles y miles de estudiantes. Empleados de la UPR, sus hijos, estudiantes de honor, atletas, artistas, entre otros beneficiados, estarían viendo afectados seriamente sus estudios universitarios. Esta medida representa indirectamente un alza en el costo de la matrícula. En agosto los miles de estudiantes que gozan del beneficio de exención tendrán que pagar para poder matricularse.

Por otra parte, la oferta académica de verano ha pasado a mejor vida. Las clases de verano que tanto han ayudado a estudiantes en sus carreras universitarias dejarán de existir. La administración universitaria ha cruzado la raya, y tirado por la borda el servicio esencial de una institución educativa, ofrecer clases.

Ante el panorama que tenemos en estos momentos resulta imperativo que enfrentemos con fuerza la ofensiva de la administración universitaria. Por eso la participación estudiantil en los espacios de discusión, debate y deliberación sobre la situación universitaria es tan importante. Además, en diversas facultades existen comités de lucha estudiantil que tienen el potencial de canalizar la indignación y malestar entre el estudiantado. Desde estos espacios tenemos que trazar las estrategias para atender las problemáticas que pesan sobre nuestros hombros en estos momentos. Seguir esperando para reaccionar y responder con entusiasmo y determinación a los atropellos a los que nos someten los administradores podría costarnos la oportunidad de detener su avalancha neoliberal. Por tanto, preparemos una lucha militante durante este semestre para detener a los destructores de la universidad pública.