Privatizando un servicio esencial

La Autoridad de Energía Eléctrica

| Bandera Roja

| Publicado el 19 abril 2022

Tras casi 11 meses desde que la empresa privatizadora Luma Energy se haya encargado de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en el país, cada día es más y más patente que este servicio está en las peores manos.  Apagones continuos  que afectan a miles de personas, a las que están  trabajando y/o estudiando virtualmente (más la ansiedad que produce la incertidumbre y el temor de que en cualquier  momento el sistema vuelva a fallar) y a pequeños y medianos negocios, por tanto a un importante sector de la economía del país.

Ante lo que está ocurriendo, lo que cada vez más sectores en el país se cuestionan es por qué el gobierno de Puerto Rico permitió y sigue permitiendo que Luma siga a cargo del sistema eléctrico, cuando todo esto era previsible y fue anunciado.

Desde el momento en que se conocieron sus pormenores, se denunció que el contrato con Luma estaba opuesto a los mejores intereses y necesidades del pueblo puertorriqueño.   Todas las salvaguardas y beneficios del contrato favorecen a Luma, con consecuencias negativas de todo tipo para nuestra población.  Toda la evidencia apunta a que Luma no cumple, y no le interesa cumplir, con sus responsabilidades.  Sin embargo, las agencias del gobierno concernidas no le exigen hacerlo.  Luma ni siquiera ha cumplido con contratar al personal necesario y capacitado para dar el mantenimiento adecuado y requerido a las instalaciones y a los equipos para asegurar el sostenimiento y buen funcionamiento del sistema eléctrico del país.  El apagón nacional del 7 de abril lo constata.

Los directivos de Luma mienten sin vergüenza, ni recato ni pudor alguno cuando tienen que defender su pillaje (legalizado) puesto que son protegidos por el gobernador Pierluisi, los directivos de las Alianzas Público- Privadas y el Negociado de Energía, Fermín Fontánez y Edison Avilés, respectivamente.  Ya son públicos los escandalosos y abusivos sueldos  que cobran los ejecutivos de Luma y más aún los $676,000 que nos roban, cada uno, sus 22 vicepresidentes.

Pareciera inverosímil que estas personas y entidades gubernamentales, que tienen el deber moral, social, político y económico de proteger al pueblo, actúen y decidan tan descaradamente en su contra.  No obstante, esta es la realidad histórica que vivimos como pueblo colonizado y  cuando nuestra democracia se reduce a votar por quienes administran políticamente el país, y que a su vez se comportan como la servidumbre de los  grupos de poder económicos internos y externos.

No vamos a olvidar  los seis aumentos, que Luma ha exigido y el Negociado de Energía le ha otorgado,  que han llevado a un alza de 28 centavos el kilovatio hora en la factura de la luz. De llegar a sobrepasar los 30 centavos el kilovatio hora (lo que puede ocurrir los próximos meses por la actitud de Luma de cobrar más y más a los usuarios del sistema para que no se reduzcan sus ganancias) implicaría para una quinta parte de la población más empobrecida, tener cerca del 40% de su presupuesto comprometido con el pago de la energía eléctrica.  En medio de la inflación y el aumento en el costo de vida que sufrimos, esto llevaría a estas familias a tener que escoger entre pagar los alimentos, la vivienda, los medicamentos y la energía eléctrica.  La situación pinta terrible para ese 48% del país que vive bajo los niveles de pobreza y para los sectores que precarizados con trabajos mal pagos bordean esos niveles de pobreza.

El gobierno de Puerto Rico, a través de décadas y distintas administraciones, ha propiciado y facilitado  las condiciones para privatizar algunas de sus agencias, corporaciones e instituciones.  Hay que recordar e insistir en que el gobierno tiene unas responsabilidades y obligaciones que cumplir sin excusas con su ciudadanía y que cualquier empresa privatizadora tiene como fin primordial obtener las mayores ganancias económicas posibles.  Por tanto, no es posible que una compañía privada le brinde al pueblo los servicios necesarios y esenciales que un gobierno comprometido realmente con su gente le debe ofrecer.

Si bien las experiencias sufridas por privatizaciones anteriores en distintas agencias y entidades gubernamentales (la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, algunas áreas del Departamento de Educación, las autopistas, los hospitales y el Departamento de Salud) no han servido ni para mejorar los servicios ni para obtener una sana administración ni para lograr ahorros al erario, ninguna ha llegado a los niveles de saqueo y atropellos al pueblo de Puerto Rico como este contrato con Luma.

Hay que anular este contrato (no cancelarlo), para que Luma nos devuelva el dinero que nos adeuda por este fraude autorizado por el gobierno.

Si el gobierno se niega a cumplir con sus deberes, el pueblo rabioso y organizado tiene la obligación y el derecho de exigirlos y luchar hasta conseguirlos.

Fuera Luma.  Fuera de Puerto Rico todo tipo de privatización.

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